MEMORIA, RECONCILIACIÓN, VERDAD
Aunque como decía Juan Pablo II la política debe ser la búsqueda del bien común, por desgracia normalmente no es sino –en palabras de Max Weber- el esfuerzo por ejercer el poder, y por tanto la ciencia de lo opinable, la ciencia de lo que no es ciencia. Por eso decía Jean Paulhan que todo lo que le pedía a los políticos es que se conformaran con cambiar el mundo, sin empezar por cambiar la verdad. El Gobierno de España, sin embargo, parece estar dispuesto a cambiar mundo y verdad, y si en el pasado violó la Antropología redefiniendo el matrimonio, ahora la llamada Ley de Memoria va a violar la Historia. A la Historia se le puede hacer decir cualquier cosa, por lo que parece conveniente dejarla en los ámbitos académicos, y dejar después a cada cual optar por el psicologismo de un Preston o el rigor documental de un Moa.
Por supuesto cualquier iniciativa política debe de estar revestida de esa búsqueda del bien común de que hablaba el Papa, un bien como sin duda es la compensación de las injusticias cometidas por el sectarismo político de todo signo, para la final reconciliación de España. La izquierda del espectro político, sin embargo, detrás de tan loable iniciativa apenas acierta a esconder su afán por convertir a los vencedores de la Guerra Civil en los perdedores de la democracia, como ha quedado patente en los debates en el Congreso y en ciertas enmiendas introducidas en los mismos.
Para ello, la Ley de la Memoria, pretendiendo amparar a todos los buenos por igual, y condenar a todos los malos por igual, lucharan donde lucharan en la contienda civil, da por sentada una concepción de la Historia que quedaría así asumida por todos, y que sin embargo es radicalmente partidista y discriminatoria. Y lo es no ya en función de la obra de uno u otro historiador, sino en función de al menos tres grandes falacias que cualquiera puede entender sin saber nada de Historia: la primera, considerar que la Guerra Civil española surgió como un deus ex machina el 18 de julio de 1936, a partir de un régimen político democrático totalmente normal; el segundo, asumir que todos los que lucharon en la Guerra lo hicieron a favor o en contra de dicho régimen, como si un hubiera más opciones posibles; y el tercero, dar por sentado que todos los que fueron condenados por motivos políticos eran inocentes de otros crímenes políticos como el asesinato, el robo, la amenaza, la extorsión o la incitación al odio y la violencia. En estos sentidos, la Ley deja en el olvido a los que sufrieron las causas de la Guerra Civil (esencialmente durante la República), descarga toda la culpa del conflicto sobre uno solo de los bandos, otorga un reconocimiento moral a quienes intentaban imponer la Revolución social en España y sanciona los crímenes que cometieran.
El sectarismo de la Ley queda mucho menos disimulado en la política de símbolos, que pretendiendo eliminar lo que divide a los españoles impone la retirada de todos lo que reconoce que miles de carreteras, calles y plazas, presas, colegios, Universidades o Ministerios fueron construidos por unas personas guiadas por unos ideales políticos determinados. España deja así de reconocer la obra de millones de españoles durante casi 40 años, condenándoles simplemente por sus ideas políticas, ideas que, por primera vez en nuestra democracia, va a estar prohibido apoyar públicamente.
La memoria y la reconciliación no son posibles sin la verdad, y la verdad no es una opción política, sino un camino hacia las profundidades de esa ciencia que se llama Historia. La realidad no se puede fijar por Ley, y el empeño de hacerlo hace que, a pesar del loable objetivo teórico de la Ley de Memoria, la posibilidad de vivir en la Avenida del Generalísimo esquina Largo Caballero está hoy más lejos que nunca. Afortunadamente una vez más la Iglesia se nos aparece como luz del mundo, enseñándonos el mismo día 31 en Roma en qué consiste la memoria, la reconciliación y la verdad: proclamar a toda la Tierra el “simple hecho” de que otras casi 500 personas más –casi la mitad de menos de 30 años-, sin otro delito que haber optado por Cristo ejerciendo su derecho constitucional a la libertad religiosa, testimoniaron con su sangre dónde está la Verdad y la Libertad, y murieron, como Él, inocentes víctimas del odio contra nuestra fe, perdonando a sus asesinos “porque no saben lo que hacen”.
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